Sin comentarios (y con bastante indignación).
Diego L. B., el niño que fue devuelto a su madre biológica tras ser dado en régimen de acogida a una familia de la localidad soriana de El Royo, ha sido internado de nuevo en un centro de menores de Salamanca después de que el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo hallase indicios de "desamparo" y "absentimo escolar". El pequeño, a punto de cumplir ocho años, vivía desde 2002 en esa ciudad salmantina con su madre biológica, Margarita Bernal, que sufre una enfermedad mental grave (trastorno bipolar) y se encuentra desde hace días bajo el cuidado de profesionales médicos.
La justicia es ciega y, a veces, creo que su balanza no está bien engrasada. Quizá sea mejor hablar (mal) de las personas que administran y aplican la justicia, más que de la entidad abstracta propiamente dicha. Diego L. B., hijo de un señor con esquizofrenia y de una señora con un trastorno bipolar grave, permaneció cinco meses internado en un orfanato cuando nació y, posteriormente, en mayo de 1999, fue entregado en régimen de preadopción a un matrimonio de El Royo (Soria), de ahí su apelativo. Después de diecisiete meses con su familia de acogida, un juez decidió su ingreso en un centro de menores y en noviembre de 2002 la Audiencia de Salamanca dictó una sentencia por la que devolvía la custodia de Diego a su progenitora.
La justicia consideró que sería beneficioso para la enfermedad de la madre el cuidar del menor. La decisión judicial levantó una fuerte protesta. A finales de 2003 el pequeño fue encontrado en compañía de su madre en Madrid y en situación de desamparo, al parecer mendigando en el metro, lo cual no pudo ser probado, pese a lo cual fue internado otra vez en un centro de menores de Salamanca para que pudiera estar cerca de su madre.
Una nueva decisión judicial, en diciembre de 2003 y tras varios meses de deliberación, acordó otorgar la custodia a Margarita Bernal, contra la cual la Junta de Castilla y León presentó en febrero de 2004 un recurso de apelación basado en informes psicológicos que desaconsejaban esa devolución a la madre biológica. En mayo de 2004, la Audiencia Provincial de Salamanca acordó desestimar el recurso del Gobierno autonómico.
Ahora, otro juez vuelve a ordenar el internamiento del niño en un centro de acogida, por apreciarse que no va a la escuela y que nadie cuida adecuadamente de él. Supongo que el matrimonio de El Royo, que tanto había luchado para quedarse el niño en régimen de adopción, debe de estar más bien compungido. El niño debe de estar como están los niños sometidos a desapegos y maltratos: depresivo y alterado emocionalmente.
¿Cómo deben de estar los jueces? Pues imagino que muy satisfechos de sí mismos, pues su palabra es la ley y todos los demás están bajo el peso de sus (justas y rotundas) decisiones. Pueden dormir tranquilos.
Si no fuera porque sería inmediatamente procesado, os juro que les maldeciría.
